Ondean pañoletas verdes y se escucha a una sola voz “Mi cuerpo, mi decisión”
esto maquillado por una ola de mujeres que reclaman dignidad y sus derechos, una lucha que el movimiento “Causa Justa por la eliminación del aborto” ha realizado en busca de la libertad y la autonomía reproductiva de todas las mujeres en Colombia.
Han pasado más de 500 días desde que este movimiento presentó una demanda ante la Corte Constitucional para la despenalización plena del aborto, hoy delito en Colombia.
Cabe mencionar que a la fecha existen tres excepciones:
- Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.
- Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida intrauterina.
- En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.
¿Por qué limitar la decisión de las mujeres sobre su cuerpo?
Todo esto acarrea un sinfín de desigualdades en derechos, el acceso a la educación sexual y reproductiva, el acceso al Sistema integral de salud que brinde las facilidades correspondientes para la planificación y el desconocimiento de sus derechos sexuales. Ellas exigen un cambio favorable para la sociedad y la democracia.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) cada mes mueren en promedio 6 mujeres por practicarse abortos inseguros en Colombia. Cada una de estas muertes ocurren por no acceder de manera segura y eficaz al aborto, es sin duda alguna la violación plena al derecho de la vida de las mujeres. Acá dirán ¿Pero, no le violarían la vida al bebé?
No, no se considera persona un feto en el útero de la mujer en nuestro país. En Colombia, el ser humano se considera persona desde el momento de su nacimiento. Es decir, que al ser separado de su madre, se encuentre vivo por cuenta propia.
La legalización, o más bien, la despenalización del aborto como delito en Colombia les quitarían de las manos de las clínicas clandestinas a las mujeres que año tras año practican abortos inseguros y en lugares inhumanos. Por más de 15 años han exigido el acceso al aborto seguro, la eliminación de estas barreras y decidir sobre sus cuerpos con autonomía.
De esto se trata, de reconocer la ciudadanía plena de las mujeres en el país, y en últimas, la elección a ser gestante de manera libre y voluntaria.
¿Sobre el contexto?
Hoy en día hay más de 5.000 casos abiertos para la penalización de niñas, adolescentes y mujeres por practicar el aborto. La mayoría de estas mujeres, se encuentran en zonas rurales, donde sabemos que la presencia del Estado y el Gobierno es desigual frente a las grandes ciudades.
Es en este momento que a mis lectores u oyentes les planteo lo siguiente:
- ¿Por qué el Estado obliga a gestar, aún si no se tiene los medios para mantener a ese hijo o hija?
- ¿La objeción de conciencia es un derecho absoluto?
- ¿Por qué este interfiere en el derecho de otras personas, en este caso de las mujeres?
- ¿Debe existir alguna prohibición normativa que impida la objeción de conciencia por personal sanitario o de salud?
- ¿Los jueces o magistrados pueden objetar conciencia?
- ¿Por qué las facultades y escuelas de las ciencias de la salud en el país, no incluyen la IVE (Interrupción Involuntaria del Embarazo) en sus mallas curriculares de manera detallada?
Una situación de derechos...
Tengamos en cuenta que la objeción de conciencia no puede ser equiparada a la negación de cualquier servicio de atención médica, de otro modo contribuiría a la estigmatización y a los impulsos sociales que estos generan.
La ciudadanía plena de las mujeres también atañe su autonomía sobre sus cuerpos, que esa protección de su conciencia individual les hace tomar decisiones sin imposición dando fuerza y camino libre a un sistema realmente democrático.
En estos días la Corte Constitucional ya debe tomar una decisión (ya es hora), elegir el camino de la democracia o imponer la dignidad de las mujeres a una ciudadanía de segunda categoría.
